En 1996, Giulia Tamayo  encontró en Huancabamba (Piura) las primeras evidencias de las campañas de esterilización forzada que, escondidas bajo la forma de “Planificación Familiar”, se aplicaron entre el silencio y complicidad del personal médico a las mujeres de las comunidades andinas y amazónicas. Así empezó el reporte “Nada personal” que denunció los abusos cometidos en la campaña de esterilización forzada: amenazas, engaño, violencia contra las mujeres o hacia sus parejas, esterilización a cambio de comida, esterilización durante otra operación (post-parto), engaño sobre el carácter irreversible de la operación, sistema de cuotas y metas a nivel nacional exigida por el gobierno fujirmorista.

Giulia Tamayo concluyó que las metas numéricas se establecieron exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica. Los objetivos perseguidos fueron: 100.000 esterilizaciones en 1996, 130.000 esterilizaciones en 1997 y 165.000 esterilizaciones, en 1998.

La Defensoría del Pueblo constató que entre 1996 y 2001 se realizaron 272.028,00 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004,00 vasectomías. Sin duda, fue una aplicación sistemática y metódica. En diversas regiones del Perú se asignaron cuotas a los centros y a todo el personal de salud (de enfermería, medicina, psicología, entre otras áreas), incluso se les presionó y estimuló con mejoras laborales a cambio de cumplirlas.

Para comprender cómo y por qué se esterilizó a las mujeres de los sectores más empobrecidos del país, es preciso hacer memoria histórica y recordar el periodo de 1990-2000, donde se confabuló el régimen fujimorista, marcadamente autoritario, disfrazado de una falsa democracia que ocultó la existencia de un "triunvirato" en la gestión del poder, conformado por Alberto Fujimori, su ex "asesor" del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos Torres, y el general Nicolás Hermosa Ríos, ex jefe de las Fuerzas Armadas del Perú.

El 12 de julio de 1993, la revista Oiga publicó una denuncia periodística titulada "Historia de una traición o el "Plan Verde", donde evidenció el oculto proyecto del "triunvirato" para controlar el destino del país desde 1990. Pretendían perpetuar una dictadura de gran magnitud, enmarcada en la manipulación mediática, en la ignorancia de la opinión pública sedada los psicosociales, en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, arrasando comunidades enteras en las zonas afectadas por la violencia política y bajo la existencia de "escuadrones de la muerte" como el Grupo Colina.

Las directrices del "Plan" se cumplían literalmente. En términos económicos su objetivo fue "abatir el proceso hiperinflacionario". Así, en 1990, se aplicó el "fujishock" económico: el galón de gasolina de 84 octanos pasó de 21.000 a 675.000 intis (30 veces más) y los productos de la canasta familiar subieron de manera exponencial: la lata de leche pasó de 120.000 a 330.000 intis; el kilo de azúcar blanca de 150.000 a 300.000 intis; y el kilo de fideos de 200.000 a 775.000 intis. Su interpretación: "el éxito político más importante (...), la estabilidad a cualquier precio, concitará el apoyo generalizado a la estrategia diseñada".

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) -órgano gubernamental creado para investigar los veinte años de violencia política en el Perú (1980-2000)- señaló en su informe final que Alberto Fujimori, antes de iniciar formalmente su gobierno, fue persuadido por Montesinos para asumir el Plan político-militar elaborado por un sector de las fuerzas armadas y poner en marcha un sistema de "democracia dirigida” que incrementó el poder del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

En 1991, "La Masacre de Barrios Altos" fue la primera ejecución extrajudicial en la capital del Perú contra civiles, perpetrada por el Grupo Colina, en medio de un contexto de creciente violencia política en los centros urbanos. Ésta fue celebrada por Fujimori en las instalaciones del SIN como un gran triunfo en la lucha antiterrorista.

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori y los militares disolvieron el Congreso, el Tribunal Constitucional e intervinieron el poder judicial. Seguían al pie de la letra lo trazado por el Plan. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ocuparon el Congreso, el Palacio de Justicia, los medios de comunicación y locales públicos. Detuvieron a políticos y a periodistas. Se trataba de un golpe de estado.

La CVR afirmó que el gobierno de Fujimori tuvo una relación funcional entre poder político y conducta criminal con una estructura estatal que controló los poderes del Estado y otras dependencias claves. Utilizó procedimientos legales para asegurar impunidad por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. A partir del golpe, sin Congreso de la República, se desarrolló un período de nueve meses donde Fujimori hizo oscuras transformaciones en el Estado, con Decretos Ley elaborados desde el SIN, en coordinación con las fuerzas armadas.

El 18 de julio de 1992, por la madrugada, el Grupo Colina, en coordinación con efectivos de la base militar situada en la universidad "La Cantuta", irrumpieron en las viviendas universitarias y secuestraron a 9 estudiantes y un docente. Ante el silencio de autoridades políticas, judiciales y militares, la prensa escrita inició investigaciones sobre el caso de desaparición forzada "La Cantuta". Al año siguiente, la Revista Sí reveló el lugar donde los restos de algunos de los estudiantes habrían sido enterrados. La Fiscalía, ante representantes de la prensa nacional e internacional, encontró los restos calcinados y seccionados, así como efectos personales, entre ellos dos llaveros que ayudaron a confirmar la identidad de las víctimas.

El "Plan Verde" seguía su curso. Sobre el Sector Salud indicaba: “el Estado debe restringir la participación y debe transferir en lo posible su infraestructura hacia la actividad empresarial privada". Su prioridad fue "impulsar la política demográfica del Estado". No cualquier política, sino una de carácter marcadamente maltusiano y fascista: "el problema más importante del Perú es que sus tendencias demográficas después de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado proporciones de epidemia (...) frenar lo antes posible el crecimiento demográfico” y realizar "un tratamiento para los excedentes existentes".

¿Cómo lo harían? "Es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Sin estas cargas innecesarias el acceso a ciertos niveles de bienestar por los grupos familiares débiles se facilitaría". Apostaron por el método definitivo: la esterilización. "Debe ser norma en todos los centros de salud que atiendan partos, la ligadura de trompas".

Se propuso el exterminio del “excedente poblacional nocivo”: "Consideramos a los subversivos y sus familiares directos, a los agitadores profesionales, los elementos delincuenciales y los traficantes de pasta básica de cocaína como excedente poblacional nocivo. Para estos sectores, dado el carácter de incorregible y la falta de recursos para distraer en su atención sólo queda el exterminio total".

El Plan Verde tenía una clara intención maltusiana, racista, patriarcal y colonizadora: reducir considerablemente las tasas de natalidad de la población considerada “atrasada”, de las zonas alto andinas y de la amazonia. Con la esterilización forzada exterminarían a los pueblos originarios.

Los programas de control de la natalidad dirigidos a sectores poblacionales más empobrecidos y “no blancos” del planeta no son únicos en el Perú. En el 2014 se denunciaron campañas masivas de esterilización en la India hacia mujeres de la comunidad dalit, considerada la "paria" de la sociedad india. No en vano el Dr. Abhuit Das, director del Centro para la Salud y la Justicia Social, señaló "esto huele a racismo y colonialismo", y revelaba cómo la financiación del Reino Unido estuvo dirigida a realizar 9,5 millones de esterilizaciones en la India, bajo el pretexto de reducir el calentamiento global, cuando en realidad el verdadero objetivo era reducir la población más pobre del país.

En Canadá el 2015 salió a la luz que la esterilización forzada era una práctica recurrente, cuando cuatro mujeres de comunidades originarias denunciaron públicamente en la provincia de Saskatchewan. Desde entonces, se han evidenciado más casos. Yvonne Boyer, senadora indígena de Ontario, considera que es un problema extendido en el país, mientras la abogada Alisa Lombard ha denunciado este delito ante la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas.

Aun en la actualidad, las denominadas políticas de “Salud Sexual y Reproductiva”, “Paternidad Responsable”, “Control de Natalidad”, “Planificación Familiar”, tienen influencia de la ultraconservadora teoría malthusiana. Robert Malthus, sacerdote y economista inglés, sostuvo que, para superar la falta de correspondencia entre la cantidad de recursos para vivir y el número de habitantes, se debería “regular” y “controlar” el crecimiento poblacional a través de guerras, epidemias y otros.

Lo paradójico de estas políticas es que han sido justificadas con argumentos de desarrollo económico, medioambientalista y médico. En el fondo, subyace la colonialidad demográfica frente al control de la pobreza y una mirada racializadora que “moldea” a la población deseable con una lógica eugenésica.

El PNSSRPN de Perú que incluyó por primera vez la anticoncepción quirúrgica como uno de los métodos de planificación familiar tuvo su estímulo en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo (1994), donde el Perú participó y suscribió el plan de acción. Al año siguiente, Fujimori se comprometió, frente al movimiento feminista mundial (Beijing, 1995), a democratizar los servicios de planificación familiar para que las mujeres fueran dueñas de su destino. Y resultó que se las dejó más empobrecidas y con graves secuelas en su autonomía sexual y reproductiva.

La identidad nacional peruana fragmentada por el racismo y el “blanqueamiento”, a través del mestizaje, le ha dado importancia cultural y biológica a la herencia europea frente a la herencia originaria y/o afrodescendiente. Durante muchas décadas, en el sector médico se promovió activamente ideas y políticas eugenésicas a favor de la “calidad” de la población peruana y la "mejora de la raza". Esta concepción facilitó que las esterilizaciones forzadas se aplicaran con impunidad en las zonas andinas y amazónicas.

Un elemento fundamental que está totalmente invisible cuando se diseñan políticas demográficas es que el control de la natalidad afecta directamente a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Ni los acuerdos de El Cairo ni la Conferencia de Beijing sobre la Mujer (1995) han podido evitar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean afectados y violentados debido a una política internacional que se alinea con la reducción de costos, el capitalismo, el fundamentalismo religioso, el pensamiento malthusiano y la racialización que continúan impregnando las instituciones de desarrollo, los organismos donantes y los departamentos gubernamentales.

Las cerca de 300 mil mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas experimentaron una "opresión reproductiva" de parte del régimen de Fujimori, porque afectó gravemente sus derechos sexuales y derechos reproductivos, su bienestar emocional y social y su autonomía económica. Es evidente que con la opresión reproductiva se pretendió controlar selectivamente el destino de toda su comunidad, a través de las cuerpas de las mujeres. La esterilización forzada fue una nueva forma de eugenesia.

La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio sostiene que la opresión reproductiva cumple con los estándares genocidas porque son "medidas destinadas a impedir los nacimientos de un grupo". A esta opresión reproductiva se sumaron determinantes de la salud relacionados con los precarios servicios de salud (insalubridad y falta de instalaciones adecuadas, carencia de medicinas, ausencia de personal médico especializado) y la triple carga de trabajo de las mujeres en sus comunidades.

La opresión reproductiva se entrelazó también con otras violencias: violencia machista -física, sexual y psicológica-, racialización, violencia económica, violencia institucional, violencia política y patrimonial, entre otras, que acrecentaron el impacto de las esterilizaciones forzadas en las autonomías sexual y reproductiva, el bienestar emocional y social y la autonomía económica de las mujeres.

Cuando el 24 de diciembre de 2017, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori, -burlando la dignidad y el reclamo de justicia de las víctimas de violación de derechos humanos y de la población peruana que le eligió en 2016, precisamente, para evitar que el fujimorismo gobernara el país-, provocó una gran indignación, porque supuso un aval de impunidad a quien violó, oprimió y generó corrupción, desconociendo la sentencia de los órganos de justicia que condenaron a Fujimori a cumplir 25 años de prisión.

Recordar el impacto de la práctica opresora de Fujimori significa evitar pasar página ante la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la esterilización forzada. Estos crímenes de lesa humanidad, entre muchos otros, fueron ejecutados a conciencia y sin contemplación. Fujimori dirigió las esterilizaciones forzadas desde su despacho, junto a sus ex ministros de Salud y funcionariado del sector, con silencio y complicidad, con promesas de ascensos y mejoras en las condiciones laborales, con indiferencia y desprecio porque en el fondo, la vida de las mujeres rurales, quechuas, aymaras y amazónicas no importaba.

Esta política reproductiva que causó graves afectaciones en la vida de las mujeres andinas y amazónicas no debe quedar en la impunidad, así lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2016 en Huacanbamba, se realizó la única investigación que evidencia las actuales secuelas de la esterilización forzada, “La Verdad está en nuestros cuerpos”, por el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), con participación activa de 300 mujeres afectadas de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA) y con apoyo de la Red de Migración, Género y Desarrollo y la Agencia Catalana de Cooperación.

Este documento de denuncia y de memoria histórica hace frente al cuestionamiento fujimorista que llama “mentirosas” a las mujeres afectadas. Presenta dos elementos clave a tomar en cuenta: Primero, en todas las experiencias vividas de las mujeres de los momentos previos a ser esterilizadas hay unas constantes: afectación por la violencia política en sus comunidades y miedo a las autoridades públicas, uso ilícito de coacción o engaño, ofrecimiento de alimentos y promesa de beneficios para conseguir el consentimiento, aprovechamiento de la situación vulnerable de las mujeres (analfabetismo, pobreza extrema, víctimas de violencia machista, etc.) y el abuso de poder en el centro de salud.

Segundo, las evidencias de afectación son coincidentes en todas las mujeres de las regiones del país: dolor focalizado en la zona donde se les intervino quirúrgicamente; dolores permanentes en la columna, vientre y en la cabeza; impedimento de trabajar como antes debido al malestar físico; secuelas en su bienestar sexual que les ha impedido volver a disfrutar de relaciones placenteras con su parejas y fuertes depresiones que incluso han llevado a algunas hasta el suicidio. Aunque se evite visibilizar esta realidad: "la verdad está en sus cuerpos".

Su autonomía sexual tuvo una afectación considerable. Se generó situaciones de violencia machista de parte de sus parejas, quienes interpretaron que ellas fingían cuando evidenciaban tener dolor en su zona pélvica, y que mentían porque tenían a otra pareja. Algunas fueron violadas, obligadas a pesar de su negativa; otras sufrieron violencia física y psicológica, otras fueron abandonadas o expulsadas de sus casas.

Las secuelas a su autonomía reproductiva se evidenciaron desde el momento mismo de la coacción y el engaño. No culminaron solo con la intervención quirúrgica, sino que dejaron un trauma emocional y social en sus vidas y comunidades. Haberlas intervenido sin su consentimiento estando embarazadas, durante el parto, en edad fértil, sin saber realmente lo que era la esterilización les dejó un malestar psicosocial permanente.

A nivel de su autonomía física: muchas de ellas están envejecidas, con permanentes dolores de espalda, huesos, infecciones urinarias y dolores de cabeza. Pareciera ser que la esterilización forzada afectó su nivel de producción de estrógenos, encargadas del mantenimiento de la masa ósea, la buena constitución del tejido de las arterias, el buen flujo sanguíneo en el cerebro, la regulación de la frecuencia urinaria y el mantenimiento del nivel de colágeno en la piel. Y es que el sistema hormonal femenino que produce tanto estrógenos como progesterona fue trastocado.

La esterilización forzada las empobreció más. Ahora carecen de seguridad y autonomía económica. Debido a las secuelas en su salud física tuvieron serios impedimentos para realizar las mismas actividades económicas que habían asumido en sus casas y comunidades: tanto productivas como reproductivas. Conforme el malestar físico fue acrecentándose perdieron autonomía económica y quedaron en total dependencia de la pareja y sus familias.

Si bien las afectaciones son considerables y se acrecientan debido a las opresiones múltiples, persistentes en su contexto, las mujeres afectadas están organizadas. En la acción colectiva han encontrado un motivo para evitar decaer en el malestar físico, emocional y social. La organización es la principal fortaleza que les permite asumirse como defensoras de sus propios derechos humanos. Ha significado revalorar sus saberes, sus capacidades adquiridas en la resistencia a esta opresión, definir su acción vindicativa, visibilizar su agenda e implicarse en la investigación, que les permitirá exigir una reparación integral de acuerdo a su estado actual.

Desde el reconocimiento de su diversidad y especificidad como mujeres andinas y amazónicas han posicionado su demanda, su interlocución con el Estado y el diálogo de saberes entre ellas y sus aliadas. Han construido su propia sororidad, desde el “hermanamiento” y el “nosotras inclusivo”, desde la coherencia discursiva, la revaloración de sus capacidades y la superación de las opresiones en los momentos de mayor dificultad.

Construyen liderazgos desde la periferia, romper con los estereotipos del activismo etnocéntrico, que representa a las mujeres en situación de víctimas y revictimizadas, de empobrecidas, de necesitadas. La práctica de reconocerlas con poder, con capacidad de decisión, con saberes, como actoras de su propio cambio, empieza por reconocerles espacios de representación, accionar con ellas en su camino vindicativo y promover su protagonismo sin tutelar sus discursos.