Es obvio que no habrá en el mundo alguna feminista que esté a favor de cualquier forma de explotación o negación de derechos a una mujer en cualquier parte del mundo. Sin embargo, lo obvio parece ser insustancial cuando se trata de asumir una posición sobre los "vientres de alquiler", o lo que desde lo políticamente correcto se denomina "gestación subrogada".

La  Ley de Reproducción Asistida española, aprobada el 2006, prohíbe expresamente la gestación subrogada. Declara nulo cualquier contrato o acuerdo que implique embarazo, independientemente de si hay o no dinero involucrado. Aunque, en 2010 se encontró un vacío legal que permitió a cientos de personas registrar como hijas e hijos propios a quienes nacieran de embarazos substitutos, promovidos por empresas privadas y con vientres de mujeres de países empobrecidos.

La anticipada introducción de legislación en el Congreso de los Diputados de España por parte del partido Ciudadanos con la finalidad de legalizar los vientres de alquiler ha levantado un importante debate sobre la ética de externalizar el embarazo. Y en algunos partidos de izquierda las feministas están dando una ardua lucha para que su organización asuma una crítica frontal a esta práctica que mercantiliza los cuerpos de las mujeres.

¿Regular es garantizar derechos?

Hace casi cuatro años en Tailandia ocurrió un hecho que pareciera repetirse con impunidad en esta industria. Fue el caso de Baby Gammy en el que una pareja australiana rechazó un gemelo cuando descubrió que tenía el síndrome de Down. Desde entonces, Tailandia cambió su legislación y prohibió sólo a las parejas extranjeras tener acceso a los servicios de alquiler de vientres y permitir la práctica mientras sea altruista. Así consideraba que regulaba y garantizaba derechos.

Al parecer, ciertas organizaciones políticas y algunos feminismos creen que la regulación de esta práctica es el único camino para proteger derechos y poner fin a la opresión reproductiva que implica el tráfico de úteros. Nada más lejos de la realidad. La regulación ha legitimado la opresión. En los últimos años, cada vez más, han proliferado empresas de gestación subrogada que se lucran de este negocio. Ganan entre el 70 y 90% con el alquiler de vientre (de 40.000 a 120.000 €); mientras las mujeres gestantes, mayoritariamente empobrecidas, se ven obligadas a ello debido a sus precarias condiciones de vida. Aceptan, sin capacidad de negociación, que las recluyan en un local y las separen de su familia bajo la vigilancia medicalizada de los comerciantes de bebés, que se aseguran así que el producto (bebés a la carta) evite presentar algún desperfecto de producción.

Las mujeres se convierten en simples máquinas gestantes donde no cabe un consentimiento libre e informado, porque es una transacción comercial que se aprovecha de un contexto de empobrecimiento y de necesidad, donde la autonomía económica de las mujeres está condicionada por la discriminación, la sobre explotación, la supervivencia y la subordinación.

La feminista mexicana, Lydia Cacho, explica: "las mujeres que alquilan sus vientres son vistas como trabajadoras de una maquila que cosen durante nueve meses, pero el producto es un ser humano". Aquí ni la bioética se nombra, porque no interesa. Ese producto para la mujer que lo gestó debe ser visto como un objeto; en cambio para quienes asumen la maternidad o paternidad contratante se trata de un deseo cumplido: tener un bebé, un ser humano, afirma Cacho. Un bebé a la carta es un producto hecho humano, a través de un deseo y una transacción mercantil. Los lobbystas de la gestación subrogada apelan a la condición humana y al deseo de paternidad para que los estados legalicen y consientan esta práctica. Un deseo se convierte en derecho.

Racismo, clasismo y capitalismo

En esta realidad radica un trasfondo capitalista, clasista y racista: convertir deseos de quienes tienen dinero en derechos, alquilar vientres de mujeres empobrecidas y de cuerpos racializados. ¿Cuántas mujeres de clase media y media alta de países europeos y sociedades blancas y blanqueadas alquilan sus vientres para que otras personas tengan bebés? ¿Una mujer europea con capacidad económica y autonomía estaría dispuesta a pasar por cambios hormonales, físicos y emocionales del embarazo para luego entregar a la criatura?¿Quiénes son demandantes de los vientres de alquiler? ¿Quiénes pueden pagar a partir de 20 mil dólares por este servicio? ¿Quiénes necesitan alquilar su útero?

Durante la opresión esclavista se miraba los dientes de las personas esclavizadas para garantizar su capacidad física para los trabajos que realizarían. Ahora, a la mujer que alquila su vientre se la somete a una serie de pruebas para asegurar la calidad del óvulo y de su útero. También se analiza la calidad del "bebé a la carta", a través de un test de ADN y se comprueba que no tiene síndrome de Down, o que el sexo no es el esperado, de lo contrario podría ser un motivo para rescindir el contrato u obligar a abortar a la madre.

Las opresiones clasistas y racistas subyacen en esta realidad: las mujeres que alquilan sus vientres son mujeres en situación de precariedad, de clase trabajadora empobrecida y de cuerpos racializados que ya tienen descendencia propia. De otro lado, quienes donan óvulos generalmente son de clase media alta, de rasgos atractivos,  de "genes fuertes" según los catálogos, que casi siempre ganan mucho más que las gestantes. 

Las mujeres en el sur global como sustitutas gestantes al tomar Lupron , estrógenos y progesterona para lograr el embarazo, se exponen a efectos secundarios graves que nadie quiere evidenciar. ¿Es que acaso sus vidas no valen nada?

Una realidad injustificable

No nos vale el argumento de la subrogación con fines altruistas, ni asegurar que establecer medidas para regularla evita que la subrogación comercial sea clandestina. La regulación y la aceptación social de esta práctica sólo perpetua la idea de que los úteros de las mujeres empobrecidas y precarizadas se pueden usar como un servicio.

Es contradictorio para muchas activistas y defensoras de derechos humanos que se permita esta práctica en medio de un contexto donde hay cientos de miles de niños y niñas en la orfandad y el abandono. Es antiético para las feministas que persista un lobby de hombres homosexuales que esté incidiendo para convertir sus deseos en derechos y crean que es aceptable usar el vientre de una mujer para perpetuar su descendencia.

Estamos cansadas de que se caiga en la trampa de asegurar que se está defendiendo la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres que deciden alquilar sus vientres. La realidad es que son mayoritariamente empobrecidas, con importantes necesidades económicas y condicionadas a muchas opresiones. Mientras, las empresas de gestación son gerenciadas por personal médico y jurídico que cobra grandes sumas de dinero por mercantilizar los úteros. 

Es muy fácil legislar y regular desde el Norte global, desde Europa, lejos de toda la desafiante realidad que viven estas mujeres, porque es un problema que no nos toca, que lo vemos lejano. Es más fácil regular desde la condicionante emocional del deseo de unas cuantas personas de ser padres y madres, de cumplir un sueño y de poder pagarlo. 

Los vientres de alquiler o gestación subrogada es una opresión reproductiva que precisa ser denunciada y analizada desde unos principios éticos, bioéticos, jurídicos, garantes de los derechos humanos y desde la práctica política feminista. Nunca desde la mirada neoliberal y colonialista de quienes ostentan el poder económico y se lucran vendiendo bebés. Dejemos de cosificar el cuerpo de las mujeres, porque #NoSomosVasijas.