"En todos nuestros testimonios que dimos ante la fiscalía en Huancabamba dijimos bien clarito que los culpables de las esterilizaciones forzadas son Fujimori y sus ministros de salud. No entendemos cómo la fiscala Marcelita Gutiérrez puede decir que archiva los casos porque no encuentra culpables", afirma Esperanza Huayama Aguirre, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba - AMHBA, integrada por más de 300 mujeres víctimas de esterilización forzada. Además, es vice presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. 

Este 27 de julio por la tarde la fiscal Marcelita Gutiérrez decidió archivar la denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, aduciendo que no pudo establecer la autoría mediata de los investigados y que tampoco pudo comprobar que las esterilizaciones fueran un delito de lesa humanidad. "La semana pasada nos reunimos con la fiscala Marcelita Gutiérrez, allí le dijimos que este delito tiene culpables, que son el señor Fujimori y sus ministros. Se ve que no nos ha escuchado, y ahora archiva porque dice que no hay pruebas. Cómo puede hacernos esto a miles de mujeres que estamos sufriendo por nuestra salud y muriendo. Nosotras rechazamos este resultado", afirma Huayama.

La fiscal Gutiérrez estuvo un año recogiendo testimonios de las víctimas en diversas regiones del país. En el caso de Huancabamba, las mujeres afectadas denunciaron ante la fiscalía y declararon que los médicos les dijeron que recibían órdenes de Fujimori. "En 1996 una comisión de médicos que vino de Lima a Huancabamba nos dijeron que el gobierno de Fujimori les había enviado. Esta comisión de médicos vino a esterilizarnos, ellos recibieron esa orden del señor Fujimori. La doctora Giulia Tamayo en su investigación lo probó con documentos que había sido orden de Fujimori. Cierto, los médicos y todo el personal de salud tienen la culpa, pero más culpa tiene el señor Fujimori y sus ministros de salud", sostiene Esperanza Huayama.

De otro lado, con el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO) impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos "el Estado peruano ha reconocido su condición de víctimas de esterilización forzada a las mujeres afectadas. Constituye un primer paso para el proceso de justicia y reparación, que está siendo negado por el Ministerio Público", sostiene Josefa Ramírez, representante del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas - IAMAMC.

Tanto la AMHBA como el IAMAMC apelarán junto a otras organizaciones solidarias y de víctimas pues existen claras evidencias de que las esterilizaciones forzadas fueron una práctica sistemática y generalizada, que formó parte de una política pública aplicada a un sector de la población de mujeres: andinas, rurales, quechuas, aymaras, de la selva, que fue dirigida por Fujimori y sus ministros de salud. El racismo, el clasismo y las violencias contra las mujeres indígenas y el casi nulo reconocimiento de su condición de ciudadanía y de sujetas de derecho se hacen evidentes con este nuevo archivamiento que protege una vez más con la impunidad a los principales perpetradores.