Como es de conocimiento público, el 4 de julio se venció la ampliación de plazo para que la fiscal Marcelita Gutiérrez  se pronuncie sobre si existen razones suficientes para que el Poder Judicial investigue al expresidente Fujimori y sus exministros de salud. Esperanza Huayama Aguirre, Vicepresidena de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba, expresa su preocupación por la respuesta que les dio la fiscal. "Nos dijo que no podía comprometerse a decir su informe, que se está demorando por la cantidad de papeles y que recién la próxima semana dará el resultado. Por qué tanta demora nos preguntamos".

Hoy martes 12 de julio la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas - AMPAEF, integrada por la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba - AMHBA (Piura), la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta-AMAEF (Cusco) y mujeres víctimas de esterilización forzada de la región Cajamarca, Huánuco y Lima estuvieron frente a la sede de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, para exigir a la fiscal Marcelita Gutiérrez que enjuicie a Fujimori y a sus exministros de salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa y Alejandro Aguinaga. 

"La fiscala Marcelita en vez de recibirnos nos cerró las puertas de la Fiscalía y nos envió a la policía para quitarnos como si fuéramos mentirosas. Nosotras no mentimos, decimos la verdad, la prueba de este delito está en nuestros cuerpos", expresó con indignación Esperanza Huayama Aguirre ante el sorpresivo cierre de puertas de la Fiscalía, cuando solicitaban una audiencia con la fiscal Guitiérrez.

En un comunicado de prensa emitido por AMPAEF se presume que la fiscal esperó los resultados de segunda vuelta y el nuevo escenario político donde una fuerza importante del fujimorismo entrará al legislativo y que su decisión obedece a la búsqueda de respaldo para un nuevo archivamiento o quizá de exonerar a los principales responsables políticos y cargar con el peso de los crímenes a los médicos, enfermeras y técnicos que desarrollaron campañas masivas de ligaduras contra las mujeres más empobrecidas del Perú. 

"Hemos venido de tan lejos, y nos vamos aún sin respuesta, cómo es posible. Esperamos que la fiscala de una respuesta que lleve a juicio a los principales culpables de esta violación a nuestros derechos. Fujimori y sus ministros de salud tienen que pagar por este delito", enfatizó Esperanza.

Otra realidad que evidenció Esperanza fue la práctica discriminatoria que persiste aún en la sociedad y en las instituciones con las mujeres indígenas. "Con mis compañeras del Cusco nos preguntamos cómo a nosotras por la mañana nos enviaron a los policías a quitarnos de la Fiscalía y a otras que vienen disfrazadas como campesinas no les hicieron lo mismo. También los medios de comunicación no nos toman en cuenta, prefieren tomar fotos a las que se disfrazan que no son esterilizadas, mientras nosotras no aparecemos en los medios", puntualizó la lideresa.

Las víctimas organizadas en la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, si bien han tenido que regresar a sus lugares de origen, denunciaron la insensibilidad de la fiscal Gutiérrez para con un caso que afectó la vida de 300 mil mujeres peruanas y que, pasados 14 años de investigación en el Ministerio Público, aún esperan justicia.