Con sus propias voces y liderazgos, desde su firme vindicación, sin temor a la denuncia y con anhelada determinación de alcanzar Verdad, Justicia y Reparación, las mujeres esterilizadas de manera forzada en el Perú (1996-2000), organizadas en la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas- AMAEFC (Cusco) y la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA) y su Comité de Defensa de Derechos Humanos de Mujeres Esterilizadas (Piura), esperan que en esta oportunidad el Estado Peruano cumpla con su obligación de promover, proteger y garantizar sus derechos humanos. 

Este lunes 6 de julio una comitiva de ambas organizaciones estará ante el Congreso de la República para participar en el "Foro Sobre Derechos Humanos de las Mujeres. Perú: Esterilizaciones Forzadas.18 años sin justicia". Ellas expondrán no sólo sus testimonios y su demanda de Justicia y Reparación, sino también denunciarán las desigualdades y discriminaciones que viven en sus comunidades, y cómo las políticas de Estado continúan siendo ajenas a un desarrollo integral digno para la población indígena.

"Cómo es posible que el gobierno hable de superación de la pobreza, cuando nosotras continuamos empobrecidas", reflexiona Luz del Caserío de Huaylas (Huancabamba). "La ligadura nos ha hecho más pobres, porque ya no podemos trabajar como antes, hemos quedado dañadas en nuestra salud y en nuestra economía", afirma. Y es que la política de Fujimori, de control de la natalidad con el fin de combatir la pobreza, se focalizó hacia la intervención quirúrgica forzada en los cuerpos de las mujeres, la gran mayoría de ellas de poblaciones indígenas, en situación de empobrecimiento y con altos índices de analfabetismo, tal como señaló la investigadora y defensora de derechos humanos, Giulia Tamayo.

"Nos desprecian en los centros de salud. Todas mis compañeras desde que fueron ligadas hemos quedado mal. Tenemos infecciones, dolor de espalda, ardencias y dolores punzantes en el lugar donde está la operación, algunas hasta tienen cáncer y tumores. Cuando vamos al centro de salud, sólo nos dan paracetamol para el dolor", explica Tomasa del Caserío de Sauce Chiquito (Huancabamba). Además añade: "Nos dicen que mucho nos quejamos, que tenemos que aguantar el dolor, que seguro no nos aseamos y por eso nos vienen las infecciones. Aquí no hay ginecólogos nos tratan (gritan) y nos mandan a nuestras casas".

En las poblaciones rurales e indígenas, el derecho a la salud dista mucho de ser una realidad. La mayoría de centros hospitalarios o centros de atención primaria tienen escasos recursos, instrumentos y equipos precarios, y casi ningún personal especializado para la atención en salud sexual y salud reproductiva. Además, como señalan las mujeres esterilizadas, el personal que viene a atenderlas es personal practicante, con poco conocimiento y experiencia, y que muchas veces tienen actitudes racistas y displicentes hacia las personas de origen indígena. Esta historia se viene repitiendo desde hace más de 18 años, y aun persiste. Es bajo estas condiciones que las mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1996-2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

"Una vecina que fue ligada murió muy enferma, desde que le operaron ya nunca quedó bien. Así nosotras acabaremos nuestra vida, enfermas, sin atención y sin que nadie nos haga justicia. Cómo puede ser eso posible, por qué el Estado no quiere escucharnos", se pregunta Altagracia, del Caserío de Ñangalí. Así como este caso, hay muchos más, de mujeres que han fallecido durante los 18 años que han pasado, como consecuencia de las esterilizaciones, y ya no podrán ser reparadas.

"Cuando vino el fiscal Guzmán Baca nos gritó y nos dijo, que acaso somos unas niñas para dejarnos ligar, que acaso no sabíamos lo que nos hacían. No nos creía, nos hizo sentir como si le mintiéramos. Y dijo que no veía pruebas, pero qué más quiere, si las pruebas están en nuestros propios cuerpos", afirma María de Huancabamba. "Luego nos enteramos que este fiscal cerró la investigación porque según él no había pruebas suficientes, acaso lo que nosotras sentimos y lo que nos hicieron no son pruebas", se pregunta.

El 10 de mayo pasado, nuevamente se reabrió la investigación en la Tercera Fiscalía Superior Nacional dirigida por el Fiscal Luis Landa Burgos. Ahora las mujeres ligadas organizadas esperan que no se vuelva a archivar el caso de las esterilizaciones forzadas, y que la Justicia haga un debido proceso para evitar dejar en la impunidad a los principales responsables de este delito de lesa humanidad. "Nosotras vamos a continuar exigiendo Justicia y Reparación, porque es nuestro derecho. El Estado tiene la obligación de reparar por el daño causado a las miles de mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza, con engaños, con amenazas y mentiras", expresa Obdulia Guevara Neyra, integrante de la AMHBA y defensora en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba.

"No fue a cualquier población que se esterilizó, fue a la población indígena, a la más empobrecida, a la que vive en condición de analfabetismo, a la que por estar lejos de las grandes ciudades no podía protestar, por eso no sólo fue una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que la esterilización forzada fue una política racista que atentó contra los cuerpos de las mujeres aymaras, quéchuas, andinas, rurales", sostiene Obdulia.

Quizá esta demanda de Verdad, Justicia y Reparación llega en un momento desafiante, en un contexto pre-electoral presidencial, donde nuevamente los intereses políticos mueven fichas para acallar las conciencias o para reavivar la verdad. "Las mujeres esterilizadas organizadas sabemos que ahora más que nunca es importante hacer escuchar nuestra voz a nivel local, regional, nacional e internacional, pues 18 años no son en vano. Esta espera tiene que terminar a favor de la justicia para las mujeres. Y aunque hay quienes desean que callemos nuestra voz resonará en todo el mundo", afirma Obdulia.